Últimamente proliferan las noticias, en ocasiones adornadas con tintes apocalípticos, sobre los recortes en sanidad que se están aplicando en los distintos Servicios Autonómicos de Salud (el Ministerio tiene poco que recortar … afortunadamente). No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero contar, como están haciendo algunos medios, aplicando sabe Dios qué precauciones para verificar la credibilidad de sus informantes, que las esperas en Urgencias se han disparado a causa de la falta de personal, que en algunos centros de Cataluña ya no disponen ni de paracetamol ni de vendas, y tienen que usar tiras de sábanas (sic), o que las farmacias están desabastecidas por falta de pago de la Administración es, en realidad, una forma de regular la demanda. Siendo malpensados, puede que hasta esté siendo fomentada por los propios responsables sanitarios que por fin se han dado cuenta del poder de los mensajes ingeridos vt (vía telediario) junto con la cena, mucho más efectivos (y creibles) que los discursos de los responsables económicos asegurando que con las medidas del gobierno se van a ahorrar no-sé-cuántos millones de euros en la factura farmacéutica, salvando así los objetivos del déficit público.
A propósito de este asunto, por ejemplo, parece que toda la discusión se centra en el coste de los medicamentos que nadie duda que deben ser recetados. Y se encona al hablar de copago, de precios de referencia, de reducción del margen de las farmacias o de los gastos publicitarios de los laboratorios. Pero se evita hablar de lo que sucede aguas arriba. Es decir, no se trata sólo de prescribir el fármaco más barato de entre los que contienen el mismo principio activo, sino de empezar poniendo en duda la necesidad de la propia prescripción. No voy a descubrir el Mediterráneo si digo que la batalla por el uso racional del medicamento está lejos de ser ganada. Es así fundamentalmente porque la mayor parte de los actores (médicos, farmacéuticos y, sobre todo, usuarios) tienen escasos incentivos para hacerlo.
¿Qué incentivo tiene un pensionista para mejorar su dieta y su actividad física si ya están la estatina o el antihipertensivo de turno para mantener a raya el colesterol o la tensión arterial, y si a su médico se le convence de que la reducción del riesgo de un evento cardiovascular con estos medicamentos es estadísticamente significativa en extensos ensayos clínicos? ¿O qué incentivo tiene el médico para no recetar antibióticos de amplio espectro (para cubrir posibles resistencias) cuando se ve obligado a tratamientos empíricos por no disponer just-in-time del apoyo de técnicas de diagnóstico microbiológico, perpetuando así el mecanismo de la producción de resistencias? ¿O qué incentivo tiene un viajero para no viajar a lugares de riesgo para el paludismo si le subvencionamos el Malarone?
Y quien dice medicamentos, dice procedimientos diagnósticos, sobre los que quizá algunos piensan que es suficiente dejar que se generen listas de espera para impulsar su uso racional.
Lo paradójico es que, en estos dos ámbitos, y en otros muchos, la capacidad de los profesionales para reducir el coste de la mala calidad se ve limitada por la incapacidad de los gestores para entender como funcionan las cosas en la realidad y no en el papel. Ya les he contado varias veces mis experiencias en reducir costes del laboratorio centrando los esfuerzos en evaluar la idoneidad de las peticiones, con la ayuda de buenos sistemas de información. Lamento tener que decir que también tengo la experiencia -más reciente- de que el desinterés por mejorar los sistemas de información y el empeño por mantener una organización de los recursos humanos inadecuada por parte de los gestores, conduce indefectiblemente a mayores costes y, encima, a peor calidad. ¿Y saben qué? No creo que en plena crisis resuelvan los problemas quienes no los han sabido resolver en condiciones más favorables.
